Principios rectores en la evaluación psicológica para solicitar la custodia de un hijo menor
Cuando se solicita la custodia de un hijo menor dentro de un procedimiento judicial, puede ser necesaria la realización de una evaluación psicológica pericial.
Esta evaluación se rige por una serie de principios técnicos y psicolegales que garantizan su objetividad y su adecuación al interés superior del menor.
Principio de interés superior del menor
El interés superior del menor constituye el eje central sobre el que se articula toda la evaluación.
En términos psicosociales, este principio se traduce en determinar qué organización familiar tras la ruptura facilita una mejor adaptación del niño a la nueva situación post-divorcio.
La finalidad no es valorar el conflicto de pareja, sino analizar qué contexto parental favorece:
La estabilidad emocional.
El desarrollo evolutivo adecuado.
La continuidad en su entorno social y educativo.
Un ajuste saludable a la crisis de la separación.
El menor no es un sujeto pasivo ante el divorcio. Es un agente activo que, a través de su conducta y actitudes, influye en la dinámica familiar.
Cuando presenta suficiente madurez, sus preferencias pueden ser consideradas dentro del proceso evaluativo, siempre desde un análisis técnico que valore su coherencia y motivación (principio de autodeterminación).
Principio de imparcialidad
La evaluación psicológica parte de la premisa de que ambos progenitores son, en principio, igualmente competentes para el ejercicio de las funciones parentales.
El evaluador debe mantenerse al margen de prejuicios, estereotipos y mitos sociales o culturales sobre la familia y la parentalidad.
Uno de los objetivos fundamentales es discernir la idoneidad de ambos progenitores para el cuidado del hijo. Si se apreciara una mayor aptitud parental en uno de ellos, esta conclusión debe estar adecuadamente fundamentada, justificada y referida exclusivamente a aspectos relacionados con el bienestar del menor.
Las valoraciones incluidas en el informe deben basarse en datos contrastados y en conductas observables vinculadas al ejercicio de la parentalidad.
Las cuestiones estrictamente conyugales que dieron lugar a la ruptura quedan al margen de la evaluación, salvo que tengan incidencia directa en la función parental.
Principio de inclusión
En la evaluación psicosocial en Derecho de Familia es recomendable contemplar al grupo familiar primario en su totalidad.
El objeto global del informe es la familia entendida como un sistema funcional.
Por ello, la evaluación no se limita a analizar las competencias individuales de cada progenitor, sino que también considera:
Las pautas relacionales.
La dinámica familiar.
Las circunstancias ambientales.
Los factores que contribuyen positiva o negativamente al ajuste del menor.
Cuando no es posible evaluar a todo el núcleo familiar, no resulta técnicamente adecuado emitir un informe pericial completo de custodia. En estos casos, la valoración puede circunscribirse a una evaluación de aptitud parental del progenitor solicitante.
Esta evaluación puede aportar información relevante a los órganos judiciales sobre sus competencias parentales, respetando siempre los principios deontológicos y el consentimiento informado.
¿En qué consiste la evaluación?
Una evaluación psicológica para custodia suele incluir:
Entrevistas clínicas individuales.
Análisis de documentación judicial y familiar.
Aplicación de pruebas psicométricas.
Valoración de competencias parentales.
Integración diagnóstica y elaboración de informe técnico.
El informe pericial debe ser claro, estructurado y fundamentado, ya que puede ser objeto de ratificación en Sala.
Si necesitas información sobre la realización de un informe de aptitud parental o deseas orientación profesional en un procedimiento de custodia, puedes contactar a través del formulario de la web.
