El consentimiento informado en los informes periciales de menores
En cualquier proceso de custodia, la intervención o peritación de un menor requiere el consentimiento informado de ambos progenitores. Esto se aplica tanto en el ámbito jurídico como en el clínico, y cualquier actuación sin autorización de ambos o sin resolución judicial no es válida.
Diferencia entre tipos de informes periciales
Es importante distinguir entre:
Informe pericial de valoración de alternativas de guarda y custodia
Evalúa a todo el conjunto de la unidad familiar: ambos progenitores y los hijos.
Requiere aceptación o participación de ambas partes para garantizar imparcialidad y validez judicial.
Informe pericial de competencia parental
Evalúa únicamente la capacidad de uno de los progenitores para asumir la custodia.
No incluye valoración directa de la otra parte ni del menor de forma individual.
Su realización puede ser solicitada a los equipos psicosociales judiciales o, en ciertos casos, mediante peritaje privado autorizado por el Juzgado de Familia.
Principio de actuación del psicólogo
Según el Código Deontológico del Colegio Oficial de Psicólogos (art. 25), el psicólogo debe:
Informar al progenitor no solicitante sobre la intervención y ofrecer su participación en todas las pruebas, garantizando que la evaluación abarque todo el entorno familiar y las necesidades del menor.
Registrar si el progenitor da su consentimiento de forma explícita o mediante su no oposición en el plazo indicado.
Solicitar autorización judicial si el progenitor se opone a la evaluación.
Por qué es fundamental el consentimiento
Estas medidas protegen al menor y aseguran la imparcialidad del perito, evitando que el niño se vea involucrado en conflictos de lealtad. A partir de los 6-7 años, los niños pueden percibir la ausencia de uno de los padres en la evaluación y sentirse emocionalmente comprometidos.
La obligatoriedad del consentimiento de ambos progenitores también fomenta la colaboración parental y garantiza que la valoración externa refleje de forma objetiva la idoneidad de las condiciones de custodia, siempre desde la perspectiva del interés superior del menor.
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